América Latina, terreno minado para activistas ambientales

Detrás de las cifras hay historias de lucha, resistencia y denuncia que terminan en tragedia. Quizás el caso más emblemático es el de Berta Cáceres. La activista medioambiental hondureña e indígena lenca asesinada en 2016 buscaba defender el río Gualcarque ante la amenaza de un proyecto hidroeléctrico.

Desde 2012, Global Witness documenta decenas de casos como el de Berta Cáceres. El último informe de esta organización internacional registra 196 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente a nivel mundial en 2023.

De estos, casi el 85% ocurrió en América Latina. Colombia, con 79 casos, fue el país más mortífero a nivel global por segundo año consecutivo. "Sin excepción, América Latina es la región que reporta más asesinatos de personas defensoras del ambiente y del territorio, pero además muy de lejos”, dice Laura Furones, asesora principal de campañas de Global Witness, en entrevista con DW.

Esto no implica, por otro lado, que una persona defensora en África o en Asia tenga menor riesgo, pero allí se visibiliza menos debido a registros deficientes, menor acceso a la información o, en algunos casos, menor cantidad de organizaciones trabajando en la materia. La experta observa que "son dos realidades a la vez: la realidad extremadamente violenta de algunos países dentro de América Latina y la todavía invisibilizada de otras regiones del mundo. Pero sí, América Latina se lleva la peor parte”.

DW: ¿Cómo se explican las altas cifras de la región?
Laura Furones: Se combinan varios factores. Por un lado, tenemos una región muy rica en recursos naturales, en un mundo cada vez más hambriento de estos recursos, sobre todo los países del norte, y una forma de extractivismo a veces muy agresiva. En ocasiones, lo primero que escucha la comunidad local o indígena de la presencia de una empresa petrolera, minera o forestal, es cuando llega la maquinaria pesada. Nadie les consultó antes. Esa falta de consulta es lo que lleva muchas veces al conflicto. Pero también América Latina tiene la gran suerte de tener grupos muy fuertes de la sociedad civil: grupos indígenas, asociaciones campesinas, grupos de mujeres, de incidencia, de base. Un tejido social muy fuerte que hace una labor de visibilización y de denuncia muy importante, pero a la vez, de forma casi paradójica, los pone más en riesgo.

La forma más extrema de ataque es el asesinato, pero hay otros tipos de amedrentamiento...

La base de datos que tenemos en Global Witness es un fragmento muy pequeño de una historia mucho más amplia. El asesinato es la forma más drástica y brutal, que documentamos de forma más sistemática, pero hay una variedad de ataques no letales, que transforman la vida de forma muy sustancial y a menudo por el resto de sus vidas: secuestros, amenazas, intimidaciones, desapariciones forzadas y criminalización, que está muy en alza. El objetivo compartido es silenciar y desincentivar el trabajo de defensa y protección de los recursos y las tierras.

¿Cómo se explica la letalidad en Colombia, con casi el 40% de los asesinatos a nivel global en 2023?

Colombia arrastra una historia bélica muy reciente. Los acuerdos de paz firmados en 2016 no se han acabado de traducir del todo en terreno. No ha sido fácil para el país salir de las dinámicas de violencia y tenemos también presencia y en ocasiones un aumento del crimen organizado, que busca un control territorial. La ausencia del Estado en muchas regiones también es un gran problema.

En Chile, en tanto, un país de relativamente baja criminalidad, se investiga ahora la desaparición desde hace más de un mes de la defensora ambiental Julia Chuñil. ¿Van en ascenso estos casos?

Nuestros datos son seguramente una subestimación de la realidad. Por la misma naturaleza de estas dinámicas, muchos casos nunca llegan a la prensa ni a ser conocidos. Las familias, temiendo las represalias, no denuncian. En teoría, algunos países son entre comillas más pacíficos y no reportan el número tremendo de asesinatos de Colombia, pero aun así suceden este tipo de dinámicas. Cuando una persona desaparece o es secuestrada, hay una especie de limbo incluso legal. No está muy claro qué investigar ni cómo, y no se pueden poner en marcha ciertos mecanismos de protección de la familia. Los Estados muchas veces se desentienden a la hora de hacer investigación. Dicen que pudo ser un conflicto con un vecino o entre privados.

¿Qué intereses hay detrás de estos crímenes?

Intentamos ver si existen relaciones entre el asesinato de la persona defensora y algún interés económico concreto. Es muy difícil establecerlo de forma cierta, porque hay muy poca información, combinada con demasiada impunidad. Los casos legales o bien no se inician o bien no concluyen. En la minoría el perpetrador llega a la cárcel. Con suerte llega el asesino a sueldo, pero la mente orquestadora no suele conocerse. La impunidad sigue reinando y esto nos habla de falta de investigaciones. De los casos que sí hemos ligado a actividades extractivistas empresariales aparece en primer lugar la industria minera y luego hay intereses agroindustriales, madereros e hidroeléctricos.

¿Cómo se puede proteger de forma efectiva a las personas defensoras?

Hay muchas maneras. Estos asesinatos y ataques no son inevitables. El Estado y las empresas tienen una gran responsabilidad. Los Estados y gobiernos tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos, sobre todo a aquellos en especial situación de vulnerabilidad, como las personas defensoras del ambiente. Hay una serie de acciones preventivas, incluyendo mecanismos de protección, tanto individual como colectiva. Muchas veces existen sobre el papel, pero no están funcionando. Hay bastantes casos de personas asesinadas que estaban bajo medidas cautelares de protección. Los Estados tienen la obligación de terminar con la impunidad y además estar presentes en los territorios. Con respecto a las empresas, pueden elegir cómo operan. Está todo el proceso de consulta previa informada, cuando es el caso de pueblos indígenas, e involucramiento de las poblaciones que viven en los territorios.

¿Qué avances ha significado el Acuerdo de Escazú?

Es una herramienta con muchísimo potencial, que garantiza una serie de elementos esenciales, como facilitar el acceso a la información y a la justicia. Muchos países de América Latina ya lo ratificaron y nos gustaría ver que los demás lo hagan a la mayor brevedad posible, y luego queremos ver cómo se traduce en la práctica, porque es muy necesario.