Denuncian persecución de activismo ambiental en El Salvador
15 de octubre de 2024
El juicio que enfrentan cinco líderes ambientales en El Salvador -acusados de asesinar a una mujer en la guerra civil (1980-1992)- muestra el uso del sistema judicial "para perseguir el activismo ambiental", aseguró este lunes (14.10.2024) una organización comunitaria.
En una carta abierta, la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta afirma que la detención de los ambientalistas -entre ellos su director ejecutivo Antonio Pacheco- se dio "luego de denunciar públicamente la posible reversión de la prohibición" de la minería.
Pacheco, de acuerdo con la carta, es "uno de los principales impulsores de la lucha por el agua y el medioambiente amenazados por la minería". Este líder ambientalista es enjuiciado junto a sus compañeros -todos mayores de 50 años- ante el Juzgado de Sentencia de la localidad de Sensuntepeque, a más de 86 kilómetros de San Salvador.
"La falta de pruebas, la eventual reactivación minera y el rol de nuestros líderes en la resistencia comunitaria contra el extractivismo indican que este caso es -en realidad- una manipulación del sistema penal para perseguir al activismo ambiental", señala la carta divulgada en redes sociales. Agrega que también es "una instrumentalización de la justicia transicional para criminalizar a quienes advierten sobre los peligros de los proyectos mineros".
"La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de cometer un supuesto asesinato hace 35 años, durante la guerra civil, sin más prueba que el relato contradictorio de un testigo protegido que primero declaró que presenció los hechos y después dijo que le contaron lo sucedido", indica la misiva.
Los ambientalistas procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Antonio Pacheco y Saúl Rivas, quienes- junto a Fidel Recinos, que no pertenece a dicha comunidad- son enjuiciados desde enero de 2023 por asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas. Este caso también ha sido llevado por la organización Tutela Legal María Julia Hernández ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Santa Marta y la lucha contra la minería metálica
La remota comunidad rural Santa Marta -ubicada en el distrito de Victoria, del departamento de Cabañas (norte)- fue repoblada, por excombatientes de la insurgencia y personas exiliadas, tras el fin del conflicto armado. Posteriormente, tomó relevancia y es reconocida por la lucha de sus habitantes contra la minería metálica, ya que fue una de las que impulsó su prohibición en el país centroamericano en 2017 y que también ha advertido de que hay "señales" de la posible reversión a tal mandato.
ADES Santa Marta argumenta que entre dichas "señales" están la incorporación de El Salvador al Panel Intergubernamental sobre Minería (2021) y la aprobación de una nueva Ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (2021). Además, un presupuesto de 4,5 millones de dólares para "revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería metálica" y "la presencia de personeros de empresas mineras en el país".
ama (efe, la prensa gráfica)