El impacto del plan de deportaciones masivas de Trump

El duro mensaje contra los migrantes desplegado durante la campaña electoral de Trump va cobrando forma antes de su toma de posesión. El presidente electo republicano se ha rodeado de un duro equipo de halcones para hacer frente tanto a quienes quieren entrar en el país, como a los millones de indocumentados que ya residen en él, sobre quienes se cierne la amenaza de "deportaciones masivas”.

El primer nombramiento fue el de Tom Homan, el ‘zar de la frontera', conocido y criticado por la política que condujo a la separación de familias que pedían asilo en la frontera durante el primer mandato de Trump, cuando las imágenes de niños en jaulas impactaron al mundo.

Estrategia del miedo

La inquietud cunde entre los 11 millones de migrantes indocumentados que residen en el país. "El enfoque es causar miedo en las comunidades para que, de manera directa o indirecta, empiecen a dudar si pueden seguir su estancia en Estados Unidos”, dice a Deutsche Welle Ariel Ruiz Soto, analista senior del Migration Policy Institute, con sede en Washington. 

Muchos de ellos ya están organizándose ante las posibles redadas masivas. "Ha habido toda una preparación para tratar de enfrentarse a estas políticas. Hay grupos de abogados que van a tratar de intervenir para frenarlas, incluso hay grupos cívicos en diferentes vecindades, aquí en Chicago, que ya están preparándose, por ejemplo, si viene una redada, para correr la voz entre los vecinos y avisar a los abogados para que puedan intervenir”, dice a DW René D. Flores, profesor de Sociología en la Universidad de Chicago y experto en migración.

Una tarea compleja y costosa

Los 11 millones de migrantes indocumentados forman un grupo heterogéneo: hay quienes llevan años en situación ilegal, mientras que otros acaban de llegar. Muchos conviven en familias con estatus migratorios mixtos, en las que tal vez el padre es indocumentado, la madre tiene residencia permanente y los hijos nacidos en EE. UU. ya son ciudadanos.

Un reciente informe del American Immigration Council estimaba en 88 billones de dólares al año el costo de deportar a todas las personas indocumentadas. Ese mismo estudio recuerda que, en la historia migratoria reciente de Estados Unidos, nunca fueron expulsados más de medio millón de migrantes por año. ¿Realmente es posible llevar a cabo una deportación de millones de personas en la próxima legislatura? 

La actual infraestructura no es propicia para esos planes. "Durante el período de Obama, y antes con Trump, el número de centros de detención en EEUU no ha crecido, las camas para detenidos no pasan de 50.000 en todo el país. Hay que imaginarse el tipo de logística necesaria para detener personas y hacer el papeleo que hay que tramitar para poder deportarlas. No existe la infraestructura necesaria para poder llegar a la escala de expulsar millones de personas en un año”, explica Ariel Ruiz, del Migration Policy Center. Además, hay migrantes que proceden de países que no tienen acuerdos de deportación con Estados Unidos, como Cuba, Venezuela o Nicaragua, lo que complica aún más la situación.

Tanto el Senado como la Cámara de representantes van a estar en manos de los republicanos. Eso facilitará que ambas cámaras aumenten los recursos con el objetivo de ampliar el número de expulsiones del país, pero será un proceso largo. "No existe un interruptor que se pueda prender o apagar el día que llegue Trump a la Casa Blanca. Es muy posible que vaya a haber más deportaciones en este segundo período de Trump que en el primero, pero va a tomar tiempo y no va a llegar al número de millones”, prosigue Ruiz.

"El mismo Tom Homan, que sería el encargado de operaciones de deportación, ha dicho múltiples veces que no van a poder hacer todo desde el primer día, y se ha enfocado en personas que tienen algún tipo de historial criminal o en migrantes que tienen un caso de asilo rechazado o con una orden de deportación, esas personas cuya información tienen ya en sistema. Pero, incluso con ellos, va a ser difícil hacerlo a lo grande”, subraya Ruiz.

Colaboración con las autoridades migratorias federales

El profesor René D. Flores alude, por su parte, a la dificultad de localizar y detener a los indocumentados: "Están ubicados por todo el territorio estadounidense, no es una sola zona específica”, dice.  En Estados Unidos existen las llamadas "ciudades santuario”, como Nueva York o Los Ángeles, cuyas leyes locales permiten poner las cosas difíciles a las autoridades federales de deportación, por ejemplo, no proporcionando información sobre los migrantes. El equipo de Trump les ha declarado la guerra y Homan, el ‘zar de la frontera', ya ha dicho que quiere acabar con las prerrogativas de estas ciudades, llegando incluso a amenazarlas con la congelación de fondos federales.

Por otro lado, hay estados, como Utah, Oklahoma y Texas, que han dicho que van a ser proactivos para colaborar con las agencias federales de migración, mientras que otros, como Nueva York, Washington, California y otros, han anunciado que no les van a facilitar el trabajo. Pero, aunque puedan poner obstáculos, "nada impide que un agente de la ICE llegue a Los Ángeles o a la ciudad de Nueva York para expulsar migrantes, porque la autoridad de deportar es federal”, subraya Ruiz.

Las consecuencias de una hipotética deportación masiva

La economía sufriría los efectos de una expulsión masiva de indocumentados. Muchos de ellos trabajan en sectores como la construcción, la manufactura, la agricultura o los cuidados médicos. Llevan años, incluso décadas, haciéndolo. "Consiguen documentos para trabajar comprando el número de seguro social de otras personas. De esta manera, contribuyen al erario público, pero ellos no reciben beneficios. Es toda una economía subterránea. También trabajan de manera informal”, explica René D. Flores.

La población nativa estadounidense podría verse afectada si ellos faltan, ya que, si no hay trabajadores, los distintos productos y servicios se encarecerían: "Eso puede desencadenar una reacción en cadena, afectando a múltiples sectores de la economía, que podría ralentizarse. Cuando la gente vea los aspectos negativos, cuestionará ese tipo de políticas y tratará de quitarles impulso”, valora Flores.

Las industrias son las primeras interesadas en tener mano de obra disponible. "Por lo que hemos visto, cuando se producen ese tipo de deportaciones, los empresarios empiezan a detener las operaciones a gran escala. En el partido republicano, los votantes no tienen en mente ese tipo de impacto, porque esas industrias no son visibles para muchos de ellos, aunque consumen lo que sale de ellas”, dice, por su parte Ariel Ruiz. (gg)